El urbanismo en nuestro país, durante las últimas décadas y principalmente desde el inicio del Estado de la autonomías, ha tenido como objetivos principales el crecimiento de las ciudades y la transformación, en muchas ocasiones caótica, de grandes superficies de suelo rural en urbano, circunstancias por las que no debe sorprender que en estos momentos exista en España suelo urbanizado o calificado suficiente para las próximas cuatro décadas. Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica desencadenada durante los últimos años y de los cambios que nuestra sociedad ha tenido que afrontar para adaptarse a la nueva situación, las fronteras del urbanismo actual ya no se encuentran en los límites de las ciudades o de los suelos urbanizados o simplemente calificados, sino en el centro de las mismas, sujetos a graves tensiones y amenazados por un inminente deterioro.
Es cierto que los responsables de la actual situación no han sido exclusivamente las sociedades de gestión del suelo, pero desde estas sociedades se podría haber evitado gran parte de los perjuicios que el urbanismo de las últimas décadas ha causado en el territorio y a las arcas públicas, simplemente oponiéndose en ocasiones a las recomendaciones de algunos cargos públicos carentes de la formación necesaria para intervenir en la ordenación del suelo. Esto, que ya estaba bastante claro en la Antigüedad, parece que no lo ha estado en las últimas décadas. Según se puede comprobar por textos que figuran en una antigua ciudad hispanorromana de la costa mediterránea, se sabe que en aquella época los urbanistas eran quienes decidían el espacio necesario para las casas, plazas, templos, etcétera; estudiaban el volumen de agua que se iba a necesitar, el número y anchura de las calles... y es que hay decisiones que no pueden quedar a merced de la voluntad política o de las ocurrencias más o menos interesadas de los políticos de turno, sino que han de estar regladas y organizadas según criterios técnicos cualificados.
Es un hecho que las administraciones públicas han realizado durante los últimos años algún esfuerzo en la dirección conservadora o de rehabilitación, pero lamentablemente, al ser el crecimiento de las ciudades y la transformación del suelo rural en urbano las principales preocupaciones del legislador, los textos legales elaborados durante las últimas décadas han carecido de las respuestas adecuadas para resolver los problemas ligados a la conservación y rehabilitación del tejido urbano consolidado y del patrimonio arquitectónico, siendo éste en la actualidad el foco más grave de problemas pendientes. Sin embargo, es esperanzador comprobar cómo en el real decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, se afronta este problema con decisión tanto por la cuantía de las numerosas subvenciones previstas como por el rigor administrativo y el control técnico con el que las actuaciones subvencionables deberán realizarse.
Es necesario, por tanto, huir de la voracidad con la que el mercado inmobiliario ha transformado el territorio fragmentándolo y desactivando la vida urbana, y también recordar que la ciudad tradicional europea es nuestro modelo de sostenibilidad en cuanto a la habitabilidad del espacio público y mezcla de usos. Asimismo, debería retomarse el profundo conocimiento de la escala humana que caracteriza las ciudades medievales y que no se aprecia en las nuevas zonas urbanas de nuestro país. En definitiva, debería reconducirse el rumbo hacia una mayor profesionalización del sector ya que, en caso contrario, entre otros, las actuales sociedades de gestión del suelo tendrán un difícil futuro.
José Emilio Bretón García, arquitecto y urbanista, Avilés
Escrito al periódico La Nueva España, publicado en la prensa escrita el 14 de mayo de 2014
http://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/16232/futuro-sociedades-gestion-suelo.html
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